Fíjate bien, chairo: nadie está defendiendo la mentira

Fíjate bien, chairo, porque repetir la propaganda del Gobierno no sustituye leer el documento.

Quienes exigimos revisar los nuevos Lineamientos de Protección de los Derechos de las Audiencias no estamos defendiendo la mentira, la difamación ni la manipulación informativa. Estamos advirtiendo algo mucho más peligroso: que un gobierno pueda utilizar palabras ambiguas para convertirse en juez de la verdad y castigar a quienes lo incomoden.

Cuando una falsedad causa un daño concreto ya existen mecanismos legales. En México existe el derecho de réplica frente a información falsa o inexacta que cause un agravio, así como la vía civil para exigir reparación por daño moral cuando se afecta ilegítimamente el honor, la reputación o la vida privada.

Por supuesto que debe sancionarse a quien deliberadamente falsifique pruebas, impute delitos inexistentes, cometa fraude, presente una denuncia falsa o publique imágenes de otro país asegurando maliciosamente que ocurrieron en México. Pero una mentira demostrable no es lo mismo que una opinión, una interpretación, una sátira, un error periodístico o una información todavía incompleta.

No toda mentira es automáticamente un delito, ni debería serlo. De lo contrario, también habría que investigar cada falsedad pronunciada desde una conferencia presidencial, una campaña electoral o la tribuna del Congreso.

Lee primero lo que estás defendiendo

El proyecto está en consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto de 2026. Por ahora se aplica principalmente a concesionarios de radio, televisión abierta, televisión y audio de paga y empresas programadoras; no es todavía una ley general para castigar a cualquier usuario de Facebook.

El artículo 2 afirma que los lineamientos no deberán utilizarse para limitar la libertad editorial ni ejercer censura previa. Eso está bien escrito. El problema es que las garantías no se juzgan únicamente por sus buenas intenciones, sino por las facultades que se entregan a la autoridad. Y la autoridad ahora es MORENA llena de personas vengativas y mediocres que se marearon con el poder.

El artículo 12 obliga a los medios a tomar medidas para evitar información “falsa”, “descontextualizada” o histórica presentada como actual. Pero no define con suficiente precisión qué debe entenderse por información descontextualizada.

Después viene lo realmente delicado:

El artículo 53 permite que la Comisión realice monitoreos, requerimientos o “cualquier otra actuación que sea necesaria”. El artículo 54 permite imponer multas de entre el 0.01 % y el 1 % de los ingresos acumulables del medio o programadora.

Ahora contesta, defensor de todo sin cuestionar:

¿Quién determinará oficialmente cuál es el contexto correcto?

¿El periodista? ¿Un juez independiente? ¿El medio? ¿O una Comisión perteneciente al mismo partido gubernamental que puede ser investigado por esos periodistas?

Una nota puede ser considerada “descontextualizada” porque no incluyó la versión del gobernador, porque cuestionó cifras oficiales, porque presentó únicamente una parte de una investigación o porque contradijo la narrativa de Palacio Nacional. El problema no es exigir rigor; el problema es que una expresión tan elástica pueda terminar acompañada de monitoreo y multas millonarias.

Eso no es proteger audiencias. Es entregar un cheque en blanco semántico que mañana puede usar Morena y pasado mañana cualquier otro partido.

Tu indignación selectiva también debería funcionar contra la corrupción

Tu defensa del Gobierno sería más creíble si exigieras la misma severidad cuando aparecen irregularidades en instituciones y proyectos públicos.

La Auditoría Superior de la Federación ha documentado observaciones y probables daños patrimoniales en operaciones de Segalmex. También ha realizado diversas auditorías de cumplimiento e inversiones físicas relacionadas con el Tren Maya. Eso no convierte automáticamente cada observación en un delito probado, pero sí obliga a investigar, transparentar, recuperar recursos y sancionar responsabilidades cuando existan.

Las investigaciones sobre el llamado huachicol fiscal también han revelado redes de contrabando de combustibles con participación presunta de empresarios, funcionarios, agentes aduanales y miembros de instituciones públicas ligados a MORENA y a los Lopez. Esos casos deben llegar hasta las últimas consecuencias, sin importar el partido, el rango militar ni la cercanía política de los involucrados.

Y respecto de los gobernadores señalados - "Por estados unidos, no por la oposición o la ultraderecha fascista como acostumbras decirlos" -, por posibles vínculos con organizaciones criminales, la posición democrática debe ser sencilla: investigación independiente, pruebas, derecho de defensa y sanción cuando corresponda. No protección partidista. "No estas solo".

Si existen indicios de encubrimiento político, deben investigarse. Presentarlo como sentencia definitiva sin pruebas cometería exactamente la misma irresponsabilidad que estamos denunciando.

La periodista asesinada fue Roxana Berenice Guzmán Ramírez, fundadora de Pulso Informativo del Sureste. Fue secuestrada en Veracruz y posteriormente localizada sin vida. Las investigaciones llevaron a la detención de ocho personas, entre ellas policías municipales presuntamente relacionados con el apoyo logístico a una organización criminal.

No está públicamente probado que Morena haya ordenado su asesinato por denunciar sus corruptelas. Decirlo como hecho sería irresponsable y permitiría que los defensores del Gobierno desecharan toda la denuncia por una afirmación no demostrada.

Pero tampoco se puede minimizar el contexto: ARTICLE 19 registra periodistas asesinados durante las administraciones de distintos partidos y contabiliza 14 casos durante el gobierno actual, hasta la fecha de su registro. La obligación del Estado es investigar tanto a los autores materiales como cualquier posible participación, omisión o complicidad de funcionarios.

La crítica seria no necesita inventar culpables. Necesita exigir que ningún poder político utilice la impunidad, la publicidad oficial, las fiscalías, las demandas o los organismos reguladores para intimidar a la prensa.

Así comenzó en otros países

Venezuela aprobó una llamada Ley contra el Odio con el supuesto objetivo de promover la convivencia y combatir expresiones peligrosas. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha advertido que esa normativa permite censurar, castigar o perseguir contenidos informativos y críticos, además de imponer penas severas. En 2026, la CIDH volvió a exigir que cesaran la represión y la intimidación contra la prensa venezolana.

Nicaragua justificó su legislación de ciberdelitos como una herramienta contra noticias falsas. Después se convirtió en un instrumento capaz de castigar con prisión la difusión de información que el propio Gobierno considerara falsa o tergiversada, mientras periodistas independientes sufrían persecución, exilio y censura.

Rusia aprobó disposiciones contra las supuestas noticias falsas y el “descrédito” de sus fuerzas armadas. Organismos internacionales documentaron que esas figuras se convirtieron en herramientas centrales para perseguir posturas contrarias a la versión oficial y restringir a periodistas y medios.

Hungría creó una estructura regulatoria con facultades amplias, conceptos vagos y sanciones importantes. La Comisión de Venecia advirtió que las expresiones imprecisas podían interpretarse demasiado ampliamente y generar un efecto inhibidor sobre la prensa.

México todavía no se encuentra necesariamente en esos extremos. Precisamente por eso hay que reclamar garantías antes, no cuando el aparato de vigilancia y sanción ya esté funcionando.

No queremos impunidad para mentirosos; tampoco queremos un Ministerio de la Verdad

Así que fíjate bien antes de insultar:

No estamos defendiendo notas falsas.

No estamos defendiendo montajes. Como el que hizo Sara Bruna en el caso de Hector Melecio Cuen y es de MORENA y cero castigo

No estamos defendiendo la difamación.

No estamos defendiendo que se utilicen videos extranjeros para engañar al público mexicano.

Estamos exigiendo definiciones precisas, debido proceso, derecho de defensa, revisión judicial, proporcionalidad de las sanciones y un organismo realmente independiente del poder político.

Que se sancione la falsificación deliberada cuando cause un daño demostrable. Que se investiguen Segalmex, el Tren Maya, el huachicol fiscal y cualquier posible protección política a funcionarios señalados. Que se esclarezcan los asesinatos de periodistas. Que se castigue a quien robe, encubra o asesine, pertenezca al PRI, al PAN, a Morena o al partido que sea.

Pero jamás aceptaremos que el mismo gobierno acusado sea quien decida cuál crítica está “descontextualizada”.

Porque proteger a las audiencias es garantizarles información plural. Controlar a los medios mediante conceptos ambiguos y multas es otra cosa.

Y tú, defensor automático de todo lo que venga de Morena, deberías aprender algo elemental: cuestionar al poder no es defender la mentira; es impedir que el poder imponga la suya.

PD. Cuantos chairos terminarían de leer esta nota.???

copia y pega en tu muro para que mas chairos se enteren.