El ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida, abandona la prisión de Brooklyn

Culiacán, Sin., 17 de agosto de 2026. - Quien fuera secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, General en retiro, Gerardo Mérida Sánchez, abandonó desde el pasado 11 de agosto, el Centro de Detención Metropolitano, de la ciudad de Brooklyn, Nueva York.

Mérida Sánchez, ingresó al citado centro penitenciario Según la nota firmada por el periodista Arturo Ángel en el diario Milenio, el nombre del general Mérida Sánchez, no figura en las listas del Buró Federal de Prisiones de los Estados Unidos desde el pasado 11 de agosto.

Tampoco se registra su ingreso a otras Prisiones federales del vecino país.

Diversos analistas en materia de seguridad pública, consideran que Mérida fue trasladado a algún sitio particular por las autoridades estadounidenses como parte de su proceso de integración al esquema de «testigos cooperantes» con la justicia norteamericana.

Cabe aclarar que el pasado 11 de mayo, el general en retiro, con una carrera de casi 40 años en las filas de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en México, se entregó voluntariamente al gobierno estadounidense.

Mérida Sánchez, es uno de 10 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, encabezados por el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, acusados por vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente la facción de La Chapiza.

La acusación en contra de Mérida, es presuntamente, de haber recibido 100 mil dólares mensuales de la Chapiza, a cambio de dejarlos operar libremente en actividades ligadas a la producción y tráfico de fentanilo y otras drogas, además de brindarles información sobre los operativos de las fuerzas armadas en la entidad.

Una acusación similar, enfrentan los otros nueve acusados, quienes según las autoridades estadounidenses, se vincularon al grupo delincuencia cambio de «millonarios sobornos», para permitirles operar libremente en Sinaloa.

De esta lista, también se entregó a la justicia del vecino país, Enrique Díaz Vega, quien fuera secretario de Administración y Finanzas en el actual gobierno de Rubén Rocha Moya y quién presumiblemente también estaría negociando convertirse en testigo protegido a cambio de brindar información sobre los vínculos entre funcionarios del gobierno con la delincuencia organizada.

La acusación del gobierno de los Estados Unidos, dada a conocer el pasado 29 de abril, obligó al mandatario sinaloense a solicitar licencia al Congreso del Estado, para ausentarse del cargo «por más de 30 días».

Aún cuando el mandatario en mención, ha Sido solicitado al gobierno de México con fines de extradición, la presidenta Claudia Sheinbaum argumenta que en México, no existen elementos para proceder jurídicamente en su contra además de exigir a los Estados Unidos «pruebas».

La misma postura ha mantenido en el caso de los siete funcionarios restantes como el Senador Enrique Inzunza, el ex director de Policía Municipal Juan Valenzuela, el ex Vicefiscalia de Justicia de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra, el ahora ex presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el ex director de Investigaciones de la Policía Estatal Preventiva, Marco Antonio Almanza Avilés.

Además de Alberto Jorge Contreras Núñez, apodado «El Cholo», ex jefe de la Policía de Investigaciones así como José Antonio Dionisio Hipólito, «Comandante Tornado», ex su director de la Policía Estatal Preventiva.