Claudia Sheinbaum no puede usar como escudo el concepto de Soberanía para no extraditar a Rocha y otros funcionarios sinaloenses

Culiacan, Sinaloa, 18 de mayo de 2026. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no puede escudarse en el concepto de soberanía para obstruir la extradición e investigación de los 10 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses solicitados por el gobierno de los Estados Unidos, "porque si lo hace, termina siendo una excusa para proteger a la delincuencia organizada", advirtió el académico y especialista en Derecho Internacional y Economía, doctor Edgardo Buscaglia.

Probablemente la presidenta ignora estas cuestiones contenidas en varios tratados internacionales firmados por México con otros países, con el aval del Senado de la República y "que son tan Ley, como el Código Penal Mexicano, como el Código Civil Mexicano.y varias de estas leyes", consideró el especialista.

Entre estos tratados, Buscaglia mencionó la Convención de la ONU Contra la Delincuencia Organizada, la Convencion de la ONU Contra el Financiamiento al Terrorismo y la Convención de la ONU Contra la Corrupción".

Entrevistado por la periodista Carmen Aristegui, con relación a las Investigaciones anunciadas por la Fiscalía de Nueva York, en contra de 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, acusados presuntamente de haber utilizado sus cargos para facilitar las actividades del Cártel de Sinaloa, a cambio de millonarios sobornos, Buscaglia apuntó que a raíz de esos tratados, México está obligado a cooperar en los casos de extradicion e investigación que le sean solicitadas por otros países, como en este caso en particular lo está haciendo el gobierno de los Estados Unidos.

El vecino país pide la detención con fines de extradición de los 10 funcionarios, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador morenista Enrique Inzunza Cázares, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, el Vicefiscal Dámaso Castro Saavedra, y otros del área de seguridad pública.

Dos de la lista, el General de División, Gerardo Mérida Sánchez, Ex secretrio de Seguridad y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, se entregaron el pasado viernes a las autoridades estadounidenses.

Al referirse a la posicion asumida por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el tema, Edgardo Buscaglia, citó con base en los tratados internacionales, que la presidenta Claudia Sheinbaum "no puede escudarse con el concepto de soberanía (para no atender las solicitudes de extradición de los Estados Unidos), porque si lo hace termina siendo una excusa para proteger a la delincuencia organizada".

"Quizás ella no se da cuenta de eso. Uno muchas veces por torpeza, cuando hay temas donde no estamos entrenados. Ella aparentemente ignora estás cuestiones básicas del Derecho Internacional".

"Obstruir a la justicia es un delito en México y Estados Unidos y cuando un político por omisión por ignorancia o porque no sabe, que es el caso de la presidenta Claudia Sheinbaum, que me imagino es por ignorancia, comienza a bloquear las investigaciones, las extradiciones, es un delito", recalcó el especialista.

Afirmó que en México, "estamos al punto en que una presidenta como la doctora Sheinbaum que es una persona que tiene mucha debilidad política, en su capital político es muy escaso, está intentando ganar tiempo escudándose con el concepto de soberanía, la soberanía de México, soberanía que obviamente, atiende a la dignidad del pueblo mexicano, que obviamente existe la soberanía".

"Pero la doctora Sheinbaum como no es abogada, creo que no entiende conceptos jurídicos muy básicos", dijo al hacer referencia a los ordenamientos contenidos en los tratados internacionales firmados por México, "como país soberano" y con el aval del Senado de la República, Buscaglia acotó:

"Hay Leyes internacionales que son tan Ley, como el Código Penal Mexicano, como el Código Civil Mexicano".

Mencionó que la Convención de la ONU Contra la Delincuencia Organizada, la Convencion de la ONU Contra el Financiamiento al Terrorismo, la Convención de la ONU Contra la Corrupción; son tres leyes fundamentales que obligan a los países soberanos como México, a que cuando existe un pedido de extradición o cuando existen investigaciones en países vecinos o no vecinos, México está obligado a facilitar la extradición, a investigar conjuntamente con los países que así lo soliciten, México está obligado a intercambiar datos, elementos, y potencialmente, cuando se inicie el juicio, pruebas, las pruebas no surgen hasta que no se inicie un juicio, dijo..

Refirió al respecto que la presidenta está obligada como cabeza del Poder Ejecutivo a cooperar, a facilitar la extradición, a facilitar la investigación de Estados Unidos y de cualquier otro país que haya firmado y ratificado estás leyes internacionales que el Senado Mexicano aprobó.

Así, Edgardo Buscaglia, aseguró que atender las solicitudes de extradición no es una elección que tiene la presidenta Sheinbaum sino una obligación, pues cuando ella habla de Soberanía, "la soberanía mexicana está sujeta a los compromisos que México como país soberano firmó y ratificó".

Entonces "no se aplica el escudo de la soberanía en estos casos, cuando ella se resiste a cooperar con los Estados Unidos que solicitan su ayuda para extraditar , para investigar, para aportar datos potencialmente como prueba, ella no puede escudarse con el concepto de soberanía porque si lo hace termina siendo una excusa para proteger a la delincuencia organizada. Quizás ella no se da cuenta de eso".

Advirtió Buscaglia, que Estados Unidos cambió su doctrina desde que llegó Trump al poder y están marcando todos estos casos, no solamente como delincuencia organizada, la protección política a la delincuencia organizada, sino como actos de terrorismo porque están involucrados presuntamente en la acusación de proteger a una delincuencia organizada que está cometiendo delitos y actos de terrorismo en los Estados Unidos.

Esto significa introducir en la sociedad americana lo que se llaman ",armas químicas de destrucción masiva o sea fentanilo, todas estas drogas que cuando la gente las toma en poco tiempo se muere.

Esto no es la cocaína, la marihuana, la marihuana puede muy bien legalizarse como ha hecho Uruguay, el fentanilo no. Cuando un político protege a una organización criminal y exporta fentanilo, es un acto de terrorismo los Estados Unidos.